El oficialismo quiere sancionar en menos de 15 días el proyecto para intervenir el mercado de arrendamientos. Modificaciones a iniciativa de Federación Agraria, no convencieron.
Más allá de las diferencias entre el proyecto presentado por el agro y las modificaciones que introdujo el oficialismo, la Ley de Arrendamientos Rurales busca poner límites a la concentración y el monocultivo. La realidad indica que frente a este estado de situación, hoy unos 2 mil productores trabajan el 50 por ciento de la tierra.
La normativa que impulsa el kirchnerismo está hecha sobre la base de un trabajo de Eduardo Macaluse, elaborado, a su vez, con el aporte de técnicos de la Federación Agraria Argentina (FAA). El original fue aprobado en la Comisión de Agricultura durante el conflicto agropecuario de 2008.
Ahora, ya tiene dictamen de comisión y está habilitado para tratarse en el Congreso hasta el 30 de noviembre próximo ya que luego el dictamen expira. Además, sólo hasta ese momento el bloque del Frente para la Victoria contaría con las voluntades necesarias para realizar una rápida aprobación de la iniciativa.
Entre otras cuestiones, la normativa establece en el artículo 6 que una persona física o jurídica sólo podrá alquilar un máximo de 10 unidades económicas. Así, por ejemplo, se estableciese que en Corrientes dicha unidad es de 300 hectáreas, entonces una empresa que opera en la provincia sólo podrá alquilar un máximo de 3000 hectáreas y no más.
Al mismo tiempo, obliga a sembrar granos, como maíz o trigo, en el marco de un plazo de cinco años. Sin embargo en las actuales condiciones del mercado local, se torna inviable el negocio agrícola en campos de terceros.
Si bien el proyecto original para regular el mercado de arrendamientos agropecuarios surgió hace años en el ámbito de la FAA, la entidad dijo por medio de un comunicado que el bloque oficial introdujo modificaciones importantes con las cuales no están de acuerdo.
Por ejemplo haber eliminado los gravámenes impositivos que tenían por objetivo frenar la concentración agropecuaria, la inversión financiera extra campo, que terminan desplazando al productor tradicional y debilitando a los pueblos del interior.
Justamente, el proyecto federado establecía para los pooles de siembra, fondos de inversión, fideicomisos financieros y sociedades anónimas mayores cargas tributarias a la hora de competir en la uso de la tierra con los genuinos chacareros.
Para los ruralistas dentro de ese marco se debería desprender una ley de arrendamientos que regule el uso y tenencia de la tierra en el país y asegure -en conjunto con otras- un modelo de desarrollo basado en el agricultor y no en los pooles de siembra.
Otra de las cuestiones que inquieta a los productores es que el gobierno nacional no ocultan que parte de la movida para sacar la norma incluyó la estudiada posibilidad de debilitar el frente que conforman las cuatro entidades agropecuarias nacionales desde marzo del año pasado.