El
organismo reclamó hace 6 meses al Gobierno que alinee las cifras de PBI
e inflación minorista a los estándares internacionales.

La Nación.-

Con críticas, pero sin sanciones inmediatas
, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dará a conocer el miércoles
próximo su postura sobre la situación de las estadísticas argentinas,
tras reclamarle hace seis meses al Gobierno que alinee las cifras de PBI
e inflación minorista a los estándares internacionales.

El vocero del FMI, David Hawley, dijo ayer en una
conferencia de prensa que discutirán el asunto en los próximos días y
que luego difundirán una declaración sobre esta ríspida cuestión.

El board que lidera Christine Lagarde evaluará el informe
que el staff del organismo preparó para el board sobre la cooperación
que desarrolla con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, fuentes gubernamentales indicaron a la agencia
oficial de noticias Télam que el miércoles próximo habrá una "discusión
acerca de las estadísticas de la Argentina" y expresaron su confianza en
la posibilidad de "un desenlace positivo para el país en dicha
reunión".

La sensación se basa en la declaración de hace dos
semanas de otro vocero del FMI, Gerry Rice, quien anticipó que el
encuentro no dará lugar a ninguna sanción" contra el Gobierno, pese a
que algunos países socios impulsan algún castigo por no publicar
estadísticas alineadas con los estándares internacionales.

Allí se señalarán los avances para que haya un nuevo
índice de precios al consumidor (IPC) en 2013, tal como ya informó el
Indec, y las discusiones en torno de la medición del PBI, que, al igual
que ocurre con consultoras privadas, genera dudas en el FMI.

Una fuente de un importante miembro del board y una del
staff aclararon a La Nacion que no habrá pedidos de sanciones porque el
proceso de cooperación con el Indec está en marcha y porque aún no se
determinó la gravedad de las alteraciones estadísticas, al igual que
ocurre en la justicia local.

Sin embargo, aclararon que eso no significa que no haya
sanciones más adelante si no hay avances concretos, lo cual podría
demorar algunos meses más.

En Buenos Aires, según pudo saber La Nacion, el Gobierno
confía en que el dictamen del FMI será positivo, aunque seguramente
habrá diferencias en términos de la velocidad para aplicar las reformas
que pide el FMI. Como ejemplo de buena voluntad se aplicará este primer
trimestre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del 2004, que
nunca se aplicó, junto con el trabajo de campo necesario para poner en
práctica el nuevo IPC nacional.

En el Gobierno creen que, dada la delicada situación de
Grecia en particular, y de Europa en general, estos avances deberían
ser suficientes para evitar una condena explícita para la Argentina en
dicha reunión del board.

Con el mismo optimismo relativizaron la posibilidad de
que EE.UU. aplique una sanción en el corto plazo, mediante el retiro de
los beneficios comerciales del sistema general de preferencias (SGP),
por la falta de pago de dos fallos en contra de la Argentina ganados por
inversores norteamericanos en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas (Ciadi).

Los argumentos

Dos argumentos sostienen esta postura: la Argentina
pagará esos US$ 300 millones que le reclaman, pero en el país y con una
orden de un juez local -frente al pedido de los acreedores de cobrar
afuera- y, además EE.UU., tiene un superávit que seguramente quiere
mantener.

"Los 60 millones de dólares del SGP son insignificantes
frente a los 4000 millones de dólares de superávit que tienen con la
Argentina y que podrían reducirse si, como dijo la presidenta Cristina
Kirchner, se aplican represalias por el retiro del SGP", se indicó.

En paralelo, en el Gobierno también esperan que la
presión de los fondos buitre sobre la deuda en default de la Argentina
pueda moderarse una vez que se llegue a un acuerdo en torno de la
delicada situación de Grecia.

En ese país, señalaron, también estarán los fondos Dart y
Elliott tratando de boicotear el pacto para evitar un default, por lo
que podría surgir una postura más firme de los gobiernos acreedores en
contra de estos holdouts seriales, que ayude en los juicios contra la Argentina.