El gobierno
francés solicitó ayer a la Comisión Europea que suspenda la
autorización para cultivar el maíz transgénico desarrollado por el grupo
estadounidense Monsanto, identificado por la sigla MON810, por el
riesgo que, asegura, supone para el medio ambiente. El reclamo se
formula después de una sucesión de controversias administrativas y
judiciales, por las cuales las autoridades del Ejecutivo francés ya
habían intentado prohibir el cultivo, pero un tribunal determinó que una
decisión así sólo era facultad de la autoridad europea.

La petición enviada ayer a la Comisión Europea “se apoya en los
últimos estudios científicos y en una notificación de la Autoridad
Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) del pasado diciembre, que
demuestran que el cultivo de ese maíz presenta riesgos importantes para
el medio ambiente”, señala la nota del Ministerio de Agricultura galo
que acompaña el reclamo.

Dicha cartera recuerda que el Ejecutivo francés, encabezado por el
presidente Nicolas Sarkozy, ya había manifestado su oposición al uso de
ese tipo de semillas el pasado 28 de noviembre. El argumento que ofreció
entonces el jefe de gobierno para rechazar el uso de esa variedad de
organismo genéticamente modificado (OGM) era que “el objetivo de la
agricultura francesa es la calidad, que se sustenta en la confianza del
consumidor”.

Pero con posterioridad a esta decisión, la Justicia falló a favor de
Monsanto, autorizando su cultivo, pese a lo cual el gobierno francés
aplicó una cláusula de salvaguarda por la que mantuvo prohibido el uso
de la semilla. Esta resolución, aunque en la práctica está vigente,
tiene una legalidad precaria, al punto de que fue cuestionada por el
Consejo de Estado de Francia, el más alto órgano administrativo. Es por
ello que ahora el gobierno francés busca el respaldo de una decisión de
la Comisión Europea.

Este organismo autorizó, durante el año pasado, solamente el cultivo
de dos tipos de OGM, el maíz MON810 y la papa Amflora, de la alemana
BASF, pero esta última anunció en enero que dejará de comercializar y
desarrollar transgénicos en la UE, dado el rechazo de la opinión pública
y de varios gobiernos.