Urribarri propuso la derogación de la ley de explotación de islas fiscales

El
humedal entrerriano, una de las reservas de agua dulce más importantes
del planeta y de una riqueza invaluable, fue históricamente objeto de
usurpaciones, negociados y depredación.

El
gobernador Sergio Urribarri propuso derogar la polémica ley de
explotación de islas fiscales entrerrianas que promueve actividades
agroindustriales en el humedal, a través de la conformación de una
sociedad anónima conformada por accionistas privados y el Estado
provincial.

De
todas maneras, el mandatario ratificó su decisión de "poner en valor
productivo esas tierras convocando a todos aquellos sectores que quieran
aportar a este objetivo". En el proyecto que elevó a la Legislatura
desmiente "cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones
sobre el Delta" y afirma que la norma, sancionada en diciembre con el Nº
10.092, "ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas".

En
este marco, el Ejecutivo provincial encarga la elaboración de un
registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y privado del
Estado; profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes
ilegales de bienes del dominio público provincial y la revisión de la
situación dominial de la totalidad de las tierras del Delta entrerriano.

Además,
persiste en la iniciativa de convocar "a todos aquellos sectores que de
buena voluntad quieren aportar a estos objetivos a elaborar sus
propuestas y proyectos, de modo concreto.

Soberanía.
La iniciativa postula enfáticamente que el gobierno entrerriano no
volverá atrás con la defensa de la soberanía sobre su territorio. "No
dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del
dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias,
incluso penales, en defensa de este criterio".

"El
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ha propuesto, desde la
gestión iniciada el 10 de diciembre de 2007, poner fin a una historia de
despojo para ejercer la defensa y recuperación de las islas fiscales
que pertenecen a su dominio público. En ese marco se han sancionado una
serie de normas destinadas a cumplir ese objetivo e incluso se han
promovido decenas de acciones judiciales con ese mismo propósito.
También se ha profundizado la defensa judicial en acciones en las que el
Estado ha pretendido ser despojado de tierras del dominio público",
reza el considerando.

Articulado.
Tras la enfática fundamentación, el gobernador plasmó la orden de
derogar la ley 10.092 y a continuación dispuso en el segundo artículo
encomendar a la Unidad de Control de Inmuebles dependiente de la
Fiscalía de Estado "la elaboración de un registro de inmuebles que
pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado indicando
estado de ocupación y ubicación".

En
el tercero, ordena a la Fiscalía de Estado a profundizar "las acciones
penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio
público provincial" y en el cuarto, encomendó a los organismos de
control la revisión de la situación dominial de la totalidad de las
tierras que componen el Delta entrerriano e informe las conclusiones al
Poder Legislativo", remata el texto.

La Capital (Rosario) – Lizi Domínguez

Producir alimentos, una "obligación moral"

El
gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dejó en claro que más allá
de la derogación de la ley 10.092 "no dejaremos sumido en el abandono
uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha
ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de
la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir
más alimentos para el mundo", dice el texto que remitió a la
Legislatura.

Asimismo,
el mandatario justificó la "necesidad imperiosa y cada vez más
creciente de dar al agua dulce un mejor uso, justamente en la producción
de alimentos, antes de que pierda en el mar. Todo ello reiteramos en el
marco de la preservación del medio ambiente", aclaró.

Urribarri
dedicó un párrafo a la defensa de la polémica ley que él mismo propuso
en diciembre último y que fue sancionada sobre tablas, sin tratamiento
previo y prácticamente con el desconocimiento de la oposición sobre el
proyecto.

A
través de la norma, "procuramos poner en valor productivo esas
superficies (las islas fiscales), ello en el marco de una política de
sustentabilidad ambiental. Con esa finalidad, entre otras alternativas,
se propuso la constitución de una sociedad anónima, como instrumento
jurídico de administración para que el estado y los particulares
concurrieran en la tarea de transformación productiva. El Estado sería
socio y garante ambiental efectivo de esas eventuales futuras
explotaciones", rescató.

La Capital (Rosario)

"Críticas maliciosas einfundadas"

"De
ninguna manera se postuló ninguna privatización como interesadamente se
ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el Delta, como ridículamente
se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo
la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que
hacen todo lo contrario", disparó el gobernador de Entre Ríos en el
texto elevado a la Legislatura.

Para
el mandatario la ley Nº 10.092 "ha sido blanco de toda clase de
críticas. Muchas de ellas maliciosas y otras infundadas o peor aún,
fundadas en conjeturas que sólo caben en la mente de quienes las
elaboran. Como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio
público y a la vez la firme de decisión de poner en valor productivo las
islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogándola".

Finalmente,
y con notorio enojo ante los numerosos reproches de la oposición,
ecologistas y ciudadanos, Urribarri declamó: "Entre Ríos no necesita que
nadie le recuerde que tiene jurisdicción sobre parte importante de las
reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y ello, más la
obligación de poner en valor productivo al menos parte de ese territorio
insular, es lo que funda nuestra política de hacer las islas cada vez
más públicas y más entrerrianas.

La Capital (Rosario)